De Itaipú “no se habla” en la embajada de Brasil

“Ni el embajador ni ningún funcionario puede hablar de eso”, nos comentó el agregado cultural Ney Canani en entrevista que mantuvimos en la embajada de Asunción. En Paraguay, a la fuerza de los hechos consumados, la renegociación del Anexo C de Itaipú duerme una muy larga siesta. ¿Por qué tanta oscuridad sobre un tema de interés estratégico para Paraguay? ¿A quiénes beneficia tanto hermetismo?

La idea que teníamos desde El Prisma era básicamente saber cuándo se retomaban las negociaciones y qué comunicaciones hubo desde la embajada o de gobierno a gobierno en torno de la parálisis de las mismas.

“Son temas muy complejos, cualquier cosa que se diga puede ser tomado fuera de contexto o mal interpretado”, se excusó el agregado cultural Canani.

Antes de Paraguay, Canani fue el encargado de comercio en la embajada brasileña en Washignton.

Acá tampoco se habla mucho ya. El tratado, en su Anexo C, ya debió revisarse en el 2023, a 50 años de la firma. Pero todo está parado. La última razón esgrimida por el gobierno paraguayo fue la revelación de que, desde Brasil, durante el gobierno de Jair Bolsonaro, se espiaba, por aparatos electrónicos, a las autoridades paraguayas, incluido el presidente de entonces, Mario A. Benítez.

Las autoridades habían anunciado que las negociaciones cerrarían a más tardar el pasado 30 de mayo. Estas negociaciones ya venían muy retrasadas. En el acuerdo de entendimiento de abril del año pasado se había establecido cerrarlas antes del 31 de diciembre.

Un poco antes, el presidente paraguayo Santiago Peña había dicho que el retraso se debía a que tanto el presidente brasilero, Luis Inacio Lula Da Silva, como los negociadores de dicho país tenían menos conocimiento técnico que él y los negociadores paraguayos (todos del gabinete ministerial).

Lula Da Silva y su equipo “con menos conocimiento técnico” habían firmado aquel acuerdo con el gobierno del entonces presidente Fernando Lugo por el cual se triplicó el dinero para Paraguay por cesión de energía excedente y se conseguió la plata para la línea de transmisión 500 KV.

A unos días de lo dicho por Santiago, el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, nombrado vocero, había dicho que ya había acuerdo sobre un 80 por ciento de los temas puestos en la mesa de negociación.

Pero qué temas.

A quién o a quiénes beneficia el silencio sobre las negociaciones.

Ante un gigante como Brasil, la fuerza de un país como Paraguay está en la apertura, en el diálogo, en las movilizaciones, en los reclamos populares, ciudadanos, sostiene la catedrática norteamericana, estudiosa del tema, Christine Folch.

Lejos de ese escenario, el gobierno paraguayo se ha encerrado en su propia lógica. En esa lógica parece ya muy tranquilo con los USD 650 millones anuales que hasta el 31 de diciembre del 2026 contará por el rubro Gastos Sociales. Un rubro que, según el propio acuerdo suscrito, es “discrecional”.

Cómo logró.

Alzando la tarifa a USD 19,28 kW-mes, que absorbe ese gasto discrecional. Este rubro discrecional también se utiliza de modo “discrecional”. No se maneja desde el Presupuesto General de Gastos de la Nacional “ni existe un plan, al interior de Itaipú, a seguir” según la economista Gladys Benegas, ex directora financiera de la entidad.

En el acuerdo se sostiene que ya el 1 de enero de 2027, la tarifa debe corresponder “únicamente” al costo operativo, sin otros “gastos discrecionales”. Sin ese gasto discrecional, la tarifa debería bajar hasta USD 8 kW-mes, ha dicho el especialista Ricardo Canese.

Lo cual puede beneficiar directamente al bolsillo de la gente y los emprendimientos de uso mayor de energía

En dicho acuerdo también se declara que la energía de Itaipú que le corresponde a Paraguay (50 por ciento) puede ser vendida al mercado brasilero una vez revisado el Anexo C.

El gobierno brasilero, a través de su Cancillería, ha asumido que el espionaje existió, pero que fue en el primer período del gobierno de Jair Bolsonaro.

¿El gobierno paraguayo espera una disculpa? ¿No le vasta dicha explicación?

En el informe anual del presidente Santiago Peña ante el Congreso, de eso tampoco se habló. O él no lo hizo.

En fin, entre hechos ya consumados, sin consultas, sin un plan abierto de negociaciones, el gobierno parece haber logrado enfriar completamente un tema discutido por mucho tiempo como estratégico.

En lo central qué hacer con la energía excedente, con aquella que no se utiliza y que por el Anexo C se cede a Brasil. Igual cosa ocurre con Yacyretá.

Para el ingeniero Ricardo Canese, es claro que se debe contratar toda la energía con un plan de industrialización. Así también entiende la señora Folch.

Y con su manejo, venderlo a precio de mercado. Según Canese, nuestro país podría recibir hasta USD 2.800 millones por año si manejara “soberanamente” su energía.

“Sin un plan de uso para su desarrollo, para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos”, Paraguay no podrá mejorar sus posibilidades de negociación, sostiene la misma Folch. Según esta catedrática de la Universidad de Duck, así, sin un plan de desarrollo, siempre parecerá que solo se está detrás de algún dinero.

Un dinero que actualmente se está “usando en forma discrecional”, a través de una administración, como Itaipú, que no está sujeta a los controles de las instituciones de la República.

Hasta donde pudimos averiguar (no en la embajada brasileña) queda claro que el interés actual de Brasil es seguir utilizando el excedente de la energía paraguaya y que la tarifa se ajuste o se sujete, como lo dice el propio tratado, a su costo operativo.

Pero Paraguay qué

¿A quién o a quiénes benefician el retraso de las negociaciones y tanto hermetismo?